CARM: ¿Pedir un préstamo “para el Mar Menor” mientras se bonifican 8 millones a las casas de apuestas?

La pretensión de obtener fondos del Banco Europeo de Inversiones para sortear la Ley de Estabilidad Presupuestaria se convierte en el enésimo elemento de confrontación partidista entre el ejecutivo regional murciano y el gobierno de la nación.

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Fauna marina muerta durante el proceso de anoxia de octubre de 2019 en el Mar Menor.

Desde la llegada a la Moncloa del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, se ha venido siguiendo desde el gobierno regional murciano una política de abierta confrontación,  donde la gestión del agua (no prolongación del decreto de sequía, trasvase “cero” para agricultura…) y la situación crítica del Mar Menor (y la ejecución del Plan de Vertido Cero) sirven como munición demagógica.

Sin pretensión de blanquear la gestión de Sánchez (presidente), Ribera (MITECO) y Morán (Secr.Estado para Medio Ambiente), ampliamente criticable por decisiones de tal calibre como seguir adelante con el recrecimiento del pantano de Yesa, lo cierto es que la estrategia de inventarse bulos y desviar las responsabilidades por parte de López Miras y sus consejeros ya roza lo ridículo. Porque además, en la mayoría de casos, saben de sobras que les van a “pillar” en la mentira bien pronto… aunque en sus cabezas deben aplicar aquello del “difama, que algo queda”.

La última polémica artificial está relacionada con un presunto “bloqueo” -por parte de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero- de un préstamo solicitado por la CARM al Banco Europeo de Inversiones “con destino al Mar Menor”. Titular sensacionalista por el cual la prensa recibirá mucho tráfico en su web, mientras se da a entender -a quienes no leen más allá del titular- que “la coalición socialista-comunista-separatista” solo persigue el objetivo de perjudicar al Partido Popular. Cuando, en realidad, se trata simple y llanamente de aplicar la legislación vigente.

¡¡Y eso suponiendo que finalmente el informe de Hacienda sea desfavorable, pues todavía no hay pronunciamiento formal del tema!!
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Del contexto a los hechos

Pese al trasfondo partidista en todo el embrollo, y el recurso emocional a la situación del Mar Menor -motivo por el cual nos acabamos haciendo eco del asunto-, lo cierto es que el problema real es de carácter meramente macroeconómico. Y es que la Región de Murcia es la segunda autonomía con mayor déficit estructural de todo el país (detrás de la Comunidad Valenciana, de distinto color político), y viene recibiendo apercibimientos desde hace tiempo por incumplimiento sistemático de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Resultando en un fuerte crecimiento del endeudamiento autonómico.

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Desde la implantación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la Región de Murcia ha venido incumpliendo sistemáticamente. Fuente: Informe de cumplimiento AIREF

En el informe de este pasado verano de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ya se venía adelantando que “se considera muy improbable que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cumpla el objetivo de estabilidad de 2019 del -0,1% del PIB, con un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto”. Y, en relación a la deuda, considera también que “el riesgo para la sostenibilidad (financiera) de Región de Murcia es muy alto”. Siendo por tanto de aplicación las medidas de restricción que contempla la Ley Orgánica 2/2012, popularmente conocida como “Ley Montoro” (por el anterior ministro popular que la diseñó). Entre ellas, la que prohíbe las operaciones de nuevo endeudamiento neto, que en acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017 (época popular) se marcó para el ejercicio 2020.

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La deuda autonómica de la CARM no solo ha crecido fuertemente durante la crisis, sino que sigue incrementándose incluso después de la recuperación. Fuente: Informe de cumplimiento AIREF

Y es dentro de este contexto que se produce la famosa “gota fría” del pasado mes de septiembre, y consiguiente declaración de zona catastrófica. Y la mortandad masiva de peces y crustáceos que puso al Mar Menor en todos los telediarios y en el centro de la disputa política.

Para el Gobierno Regional de Murcia el acontecimiento supuso, de golpe y porrazo, caerse del guindo ante una serie de inversiones y gastos que debería haber acometido hace tiempo. Además de las obvias reparaciones. De forma que solicitó la aplicación de lo previsto en el artículo 11.3 de la “Ley Montoro”: la posibilidad de incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera”. Al fin y al cabo, había sido una situación calamitosa ¿no?

Así que, ni corto ni perezoso, comenzó a tramitar la solicitud de un crédito por valor de 320 millones de euros (“incluso estarían dispuestos a ampliar esta estimación inicial en caso de que fuese necesario”) vinculado al Mar Menor. Unos 120 dedicados a la reparación de los daños causados por las inundaciones, y 200 para “hacer frente a la inversión necesaria para poner en marcha algunas de las medidas urgentes y proyectos incluidos en el Plan Vertido Cero“. Además, exigió que se consideraran “fondos extrapresupuestarios”, que no computen ni para los objetivos de déficit y deuda
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El diablo está en los detalles: de trampas e interpretaciones cuestionables

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Encabezado del Real Decreto-Ley que declara “zona catastrófica” a la Región de Murcia. Fuente: Boletín Oficial del Estado

Pero el recurso al artículo 11.3 de la “Ley Montoro” no es ni mucho menos algo tan automático, ni tan dependiente de la voluntad del Gobierno. En primer lugar, cabe señalar que las catástrofes naturales y situaciones de emergencia deben ser “apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”. Algo que, según el Gobierno Regional, sucedería con el Real Decreto-ley 11/2019 (la declaración de zona catastrófica).

Sin embargo, este Real Decreto-ley ni habilita explícitamente a la CARM para incurrir en un endeudamiento extraordinario (sin embargo, sí menciona las reglas aplicables a los Ayuntamientos y a los Presupuestos Generales del Estado), ni mucho menos fue aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados sino simplemente convalidado en la Diputación Permanente (como corresponde a los Reales Decretos-Ley, y ha sido usado profusamente para saltarse los controles parlamentarios).

Más allá de la interpretación que se pueda hacer sobre este “detalle” -que por lo demás no debería presentar especiales problemas, pues bastaría con llevarlo a una votación explícita en el Congreso de los Diputados-, los condicionantes del artículo 11.3 de la “Ley Montoro” van mucho más allá: la CARM no puede simplemente sacar esos fondos de presupuesto y hacer como si no existieran, sino que “deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento”.

Y aquí es donde los desencuentros entre Estado y CARM han terminado en choque de trenes, pues no se aprecia en el proyecto de Presupuestos Regionales 2020 intención alguna de reequilibrar las cuentas ante un hipotético endeudamiento adicional importante. Al contrario: se saca pecho de bajar impuestos por valor de 18 millones de euros anuales mientras el pago a proveedores se retrasa más y más.
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Beneficios fiscales millonarios a salones de juego y grandes herencias

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Los Presupuestos 2020 incluyen casi 8 millones de euros en exenciones a tragaperras. Foto: ElPeriódicoDeYecla.com

Pero aunque los 18 millones del IRPF sean -por lo profusamente anunciado en prensa- el ejemplo más claro de la falta de voluntad en consolidar las cuentas regionales, no hay nada mejor que escarbar un poco en la documentación menos anunciada para encontrar medidas que promueven un modelo de sociedad cuanto menos cuestionable, que en ocasiones rozan el esperpento.

Concretamente, si nos detenemos a leer el análisis de exenciones y beneficios fiscales del presupuesto de ingresos consolidado, podemos comprobar que junto a unas políticas socialmente deseables (p.ej. para facilitar la adquisición de viviendas adaptadas a discapacitados) conviven estas otras medidas disparatadas:

  • Las reducciones y deducciones autonómicas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que (pese a las polémicas generadas) venía repercutiendo tradicionalmente a familias muy pudientes con grandes patrimonios. El impacto de las mismas se traduce en una pérdida de ingresos para la CARM de nada menos que 167 millones de euros, muy mayoritariamente por incrementar, a partir del año 2018, la bonificación del 60% (estatal y común a todos los territorios) hasta el máximo del 99% (autonómico), sin incluir buscar ningún punto intermedio (entre relajar la presión sobre el contribuyente y garantizar ingresos públicos suficientes) ni tomar medidas de progresividad que eximan a las pequeñas herencias manteniendo parte de la presión sobre las grandes fortunas.
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  •  Y, tal vez el caso más sonado con diferencia, nos encontramos con unos “beneficios fiscales previstos para el año 2020 se refieren a la Tasa Fiscal sobre el Juego, en dos de sus modalidades, máquinas recreativas tipo B y C y casinos de juego”. La inmensa mayoría de los 7,8 millones de euros de beneficios fiscales corresponden a las máquinas recreativas popularmente conocidas como tragaperras. Y eso en una región en que los problemas de ludopatía están adquiriendo dimensiones colosales.
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Del apartado de gastos podría hablarse largo y tendido. Baste recordar la subvención de 100.000 € al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) el año pasado, concedida entre familiares íntimos. O los más de 16 millones de euros anuales que sigue costando a las arcas regionales la trama corrupta de la desaladora de Escombreras -agua que debía ir al pelotazo inmobiliario en el Campo de Cartagena, pero que tras pinchar la burbuja ha acabado destinándose a incrementar aún más el regadío-.

Por quedarnos dentro del sector, y pese a la dificultad de desentrañar algunos conceptos escondidos tras códigos alfanuméricos, cara a 2020 se presupuesta un millón de euros para la contratación de seguros agrícolas (asegurar las propias cosechas no parece ser incentivo suficiente). Y el Instituto Euromediterráneo del Agua, chiringuito en el que han colocado a Francisco Cabezas (estrechamente ligado al lobby del Trasvase), se lleva sus 160.000 euros por el mero funcionamiento corriente -subvenciones a proyectos de investigación específicos a un lado-.

Seguro que cualquier persona un poco puesta en otros sectores, con tiempo y ganas, puede encontrar material de sobra para ajustar el presupuesto de gasto de varias consejerías. Valga de ejemplo este artículo de Rosa Roda. Y, nótese: el ajuste no ha de hacerse sobre los 320 millones de euros solicitados por la CARM al Banco Europeo de Inversiones, pues este crédito se pretende utilizar a lo largo de varios años (en Lorca siguen ejecutándose obras del seísmo de 2011, bajo el mismo crédito).
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¿“Escapa al control de las Administraciones Públicas” el estado del Mar Menor?

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Fotografía satelital tras la “gota fría” de septiembre, mostrando la masiva entrada de suelos agrícolas contaminados por nitratos al Mar Menor. Foto: Sentinel/Datadista

En cualquier caso, no es cuestión de convertir este artículo en una paliza de cifras y partidas presupuestarias sin relación alguna con el agua. Así que volvamos a las necesidades del Mar Menor.

Cuando el presidente regional, Fernando López Miras, trató de echar balones fuera tras el episodio de mortandad masiva de peces en el Mar Menor, achacando lo ocurrido a la “gota fría”, la mayoría pensábamos que se trataba de una estrategia de blanqueamiento del sector agrícola y de ocultación de las negligencias a la hora de hacer cumplir la ley -sobradamente documentadas en el caso Topillo-. Pero la realidad parece ser aún más burda, al convertirse las inundaciones y la declaración de zona catastrófica en una excelente ‘oportunidad’ para saltarse las restricciones derivadas de la “Ley Montoro”.

Como ya se ha señalado más arriba, la CARM solicitó el préstamo del Banco Europeo de Inversiones con dos finalidades claramente distintas: de un lado, 120 millones para arreglar los desperfectos ocasionados en la infraestructura de competencia autonómica; de otro, 200 millones para las obras del Plan de Vertido Cero.

Siendo el primero de estos conceptos algo que sí puede achacarse a una “catástrofe natural”, que habilitaría eventualmente el artículo 11.3 de la “Ley Montoro” y podría sacarse del cómputo de déficit y deuda, resulta que el Plan de Vertido Cero se comenzó a preparar tras la ‘sopa verde’ de 2016 y vio su aprobación ambiental justo una semana antes de la fatídica DANA. Es decir: se trataba de un proyecto a largo plazo al que ya se había comprometido la CARM, elaborado conjuntamente con el Estado cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy, y que por tanto debería haberse incorporado con total normalidad a los presupuestos ordinarios.

Parece, pues, que la insistencia de López Miras y su equipo en vincular “gota fría” y degradación del Mar Menor -tras años de indolencia y de mirar hacia otro lado- perseguía principalmente poder sacar de las reglas de gasto, déficit y deuda un pellizco enorme (200 millones) de obras ya comprometidas. Y de paso, tal vez, tratar de colar alguna partidilla más sin relación alguna con el Plan de Vertido Cero, los daños a la infraestructura o siquiera mejorar los ecosistemas marinos y litorales del Mar Menor: en las partidas destinadas al seísmo de Lorca algunos conceptos importantes parecen guardar más bien poca relación con la desgracia; mientras que en el Anexo para el Mar Menor de los presupuestos 2020 -todavía no considerados un gasto “extrapresupuestario”, sino un mero recopilatorio con fines exclusivamente propagandísticos- han metido elementos tales como los fondos para el transporte público o proyectos de la Estrategia EDUSI (en marcha desde 2014).

Afortunadamente, las pretensiones del Gobierno Regional tienen las patas muy cortas. Para empezar porque cualquier persona mínimamente informada sabe ya desde hace tiempo que la degradación del Mar Menor no es ningún desastre sobrevenido, que “escape al control de las Administraciones Públicas” -usando la jerga de la Ley Montoro-, sino una crónica de una muerta anunciada –anunciada por las organizaciones ambientales y los estamentos científicos desde hace décadas– causada por la negligencia de las diferentes administraciones -destacando a tal efecto la CARM y la CHS-.

Y, para seguir, porque a juzgar por las declaraciones del gobierno murciano (si no se están inventando completamente la historia, cosa no descartable), están siendo los propios funcionarios del Ministerio de Hacienda los que al parecer no están por la labor de autorizar la operación. Porque no lo neguemos: la capacidad de influencia de los políticos no es ilimitada ni pueden tomar caprichosamente decisiones arbitrarias; detrás hay todo un ejército de funcionarios velando por hacer cumplir la Ley y por su correcta interpretación. Siempre y cuando se les dote de los medios económicos oportunos, claro… que de eso de asfixiar sin medios a los inspectores parecen saber mucho en la CARM. Precisamente para mantener la impunidad en el Campo de Cartagena.

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