La falta de una explicación coherente por parte del MITECO da alas a la sobrerreacción de los regantes
Que el Trasvase Tajo-Segura es una guerra de nunca acabar, cansina hasta la saciedad, lo demuestra el gran número de entradas que en este blog hemos tenido que dedicar al asunto. Y es que, pese a aportar apenas un 20% de los recursos totales de la cuenca del Segura, agrupa a las comunidades de regantes más poderosas y -por su vertiente política y de conflicto territorial- acapara toda la atención mediática e institucional.
Pero lo de esta semana ha alcanzado ya cotas inauditas en muchos años. Pese a que este tipo de restricciones en el Nivel 3 ya se habían practicado con anterioridad, cuando el pasado mes de noviembre se practicó un “trasvase cero” -con el presunto objetivo de “garantizar el suministro urbano”- el SCRATS y su círculo de influencia ya mostraron sus uñas: no iban a tolerar otro “trasvase cero” en diciembre. No sin una (mal llamada) “base técnica”. Y, sin embargo, el pasado martes se repitió la decisión de no trasvasar nada para regadío. Esta vez, alegando la situación del Mar Menor. Y la tensa paz existente ha saltado por los aires.
Si ya en noviembre la predisposición era mala, con esta repetición en diciembre ha sido mucho peor. No sólo por el mero hecho de repetirse, sino porque ha topado con una profunda incomprensión en la opinión pública: si el motivo para reducir el trasvase es la situación del Mar Menor ¿por qué “se castiga” a todos los regantes del Trasvase? ¿No bastaría con “echar el tablacho” en La Pedrera?
La mala comunicación del MITECO ha dado alas a este discurso, permitiendo que cale la idea de “utilización política del Mar Menor” -que tendría el objetivo no confesado de cerrar el Trasvase-. Incluso desde Podemos Región de Murcia han tachado de “irresponsabilidad” el “mezclar ambos temas”. Así las cosas, parece indudable la necesidad de una explicación. También para bajar cierto optimismo injustificado entre la gente del Tajo.
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El peso de la Ley 52/1980
Cuando el común de los mortales opina sobre el Trasvase Tajo-Segura, lo suele hacer sin tener apenas conocimiento sobre la amplia normativa (¡y jurisprudencia!) que rige su funcionamiento. Las posiciones son viscerales, poco informadas, y dominadas por el hidropopulismo regionalista. Sin embargo, cuando ya se lleva cierta experiencia en la materia, es relativamente fácil reconocer el trasfondo legal de las decisiones.
En el caso que nos afecta, la explicación puede ser algo extensa. Pero la pieza fundamental de la misma es la disposición adicional primera de la Ley 52/1980, de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Porque, al fijar un reparto proporcional de los caudales trasvasados, esta disposición adicional imposibilita la opción de “echar el tablacho en La Pedrera”.
Dicho de otra manera: si se trasvasara un solo hm³ para regadío, cerca del 30% debería ir forzosamente al Campo de Cartagena. Y se agravaría el problema del Mar Menor. Así que, para reducir la presión del regadío allí, la única opción legal es (dentro del Nivel 3 de las reglas de explotación) no trasvasar nada para regadío. Al menos, mientras no se cambie la Ley 52/1980 -como veremos más abajo-.
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Un año de reservas de agua trasvasada en el Segura
“¡Pues menuda injusticia! ¿No?”. Eso es lo que muchos han pensado desde el principio, e incluso seguirán pensando tras leer la explicación anterior. “¿Por qué deben dejar de regar quienes no han destruido el Mar Menor?”.
Pero, de nuevo, impera la falta de información. O abierta desinformación, como cuando se asegura que los agricultores “se quedan otro mes sin acceso al agua”. Y es que tal desabastecimiento no se va a producir: en la cuenca del Segura hay embalsadas unas reservas procedentes del Tajo de 141 hm³ -máximo histórico para el mes en curso-, que seguirán abasteciendo durante al menos en un año incluso al propio Campo de Cartagena -la dotación ya está asignada en origen-.
La decisión del MITECO va, por tanto, orientada a ir consumiendo estas existencias embalsadas en el Segura en los próximos meses. Sin aprobar ningún nuevo trasvase para no asignar nuevos caudales a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, pero sin cortar el suministro a ninguna comunidad de regantes del Trasvase: se está ganando tiempo para un cambio normativo -que se explicará en el siguiente punto-.
Por ir cerrando este punto, y para el caso en que alguien tenga alguna duda, también hay que señalar que lo que no se está trasvasando estos meses no “se pierde”. El agua que se suelta desde Bolarque hacia el río Tajo viene fijado en el Artículo 4 del Real Decreto 773/2014, en una cuantía anual de 365 hm³ -el denominado “desembalse de referencia”-. Siendo esta cifra invariable, si uno o varios meses se trasvasa menos agua al Segura, lo único que sucede es que se embalsa más agua en el Alto Tajo (embalses de Entrepeñas y Buendía). Y eso lleva inevitablemente a que en el futuro se trasvase más agua -por exactamente esa cantidad-: como ya explicamos hace un año, “lo que no se trasvasa un mes, se trasvasa al otro”.
En consecuencia, tras haber realizado el cambio normativo pertinente, el agua acumulada en el Alto Tajo se pasaría a trasvasar de más en meses subsiguientes. Las comunidades de regantes del Trasvase Tajo-Segura no sólo habrán podido seguir regando, sino que además recibirán exactamente la misma cantidad de agua o incluso ligeramente incrementada (por repartirse caudales del Campo de Cartagena).
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¿Un Real Decreto-Ley sobre el Mar Menor en curso?
Quien haya seguido el hilo de la explicación, seguramente ya sabrá por dónde van los tiros. ¿Un cambio normativo? ¿Ganar tiempo? ¿La Ley 52/1980? ¿Salvando el Mar Menor? ¿Repartirse caudales del Campo de Cartagena?
Efectivamente: el episodio de mortandad masiva de peces el pasado mes de octubre en el Mar Menor ha llevado a todas las administraciones a empezar a actuar de urgencia. A veces incluso de forma desafortunada. Y casi siempre más cara a la galería que con medidas realmente efectivas.
Un ejemplo es el Decreto Ley que está preparando el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia (CARM), y que ya ha sido rechazado por los movimientos ecologistas por poco ambicioso. Se recuerda además que, desde febrero de 2018, ya existe una Ley de Medidas Urgentes centrada en las competencias propias de la CARM, especialmente en la agricultura. Una Ley contra la que había votado el Partido Popular murciano y que luego desvirtuó mediante una “guía de interpretación” para facilitar el incumplimiento.
El Gobierno Central, por su parte, elaboró -aún bajo la dirección popular de Mariano Rajoy- el conocido como Plan de Vertido Cero: una serie de obras y medidas “de final de cañería” destinadas a evitar que las aguas contaminadas de rechazo del regadío alcancen al Mar Menor. El enfoque era de no molestar a los regantes –incluso ofreciéndoles caudales adicionales para regar más-, pero pasándole la patata caliente al contribuyente murciano. Más recientemente ha sido objeto de agrias discusiones entre MITECO y CARM, relacionadas con qué administración asume la factura (en clara violación del principio de “el que contamina, paga”).
Sea como fuere, con la llegada del nuevo ejecutivo socialista ese Plan de Vertido Cero, aunque aprobada su evaluación ambiental, ha quedado obsoleto. La ministra Teresa Ribera parece más abierta a escuchar las críticas ecologistas al Plan, y ya anunció hace unos días que habría “un cambio de prioridades” -en el sentido de mayor actuación en el origen del problema (la actividad agraria) y menos en el “final de cañería”-.
De momento no se ha anunciado oficialmente en ninguna parte, pero se acumulan los indicios: sobre todo por la ya referida limitación de la Ley 52/1980, parece más que evidente que desde el Ministerio están preparando un Real Decreto-Ley con un plan de choque para el Mar Menor.
El contenido de este Real Decreto-Ley se dirigiría, presumiblemente, a reelaborar el Plan de Vertido Cero y, sobre todo, a recortar drásticamente la superficie de regadío en el Campo de Cartagena. Modificando a tal efecto la Ley 52/1980 (de forma que se destine menos agua del Tajo al entorno del Mar Menor), y retirando la calificación de “interés nacional” a una franja litoral (los primeros 2km son competencia exclusiva de la CARM, y prevé limitarlos en su propio Decreto-Ley; a partir de allí debe tenerse en cuenta al Gobierno Central precisamente por ser de “interés nacional”).
Recapitulemos pues: se están aprobando “trasvases cero” al regadío para forzar el consumo de las reservas del Tajo que hay en el Segura, sin asignar nuevos caudales al Campo de Cartagena; mientras esto sucede, se prepara un Real Decreto-Ley que entre otros saque al Campo de Cartagena de la zona regable del Trasvase y le retire la declaración de “interés nacional”; los caudales no trasvasados se acumulan en Entrepeñas y Buendía, para ser luego trasvasados de más una vez se haya aprobado ese Real Decreto-Ley, de forma que el resto de comunidades de regantes del Trasvase no se vean afectadas en lo más mínimo (e incluso ganen).
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Y entonces, el Tajo ¿qué?
Como ya se indicó al principio, muchos consideran estos “trasvases cero” como el inicio del desmantelamiento del Trasvase Tajo-Segura. Bien del lado murciano/alicantino/almeriense -para hacerse las víctimas-, mien del lado castellano-manchego -para celebrar una presunta “receptividad” del MITECO-. Pero por lo que hemos visto, ambas posturas carecen de fundamento ante los hechos.
Pese a las sentencias del Tribunal Supremo, todo lo relativo al río Tajo sigue su curso normal: los tan manidos caudales ecológicos se implantarán en el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 (algo que ya preveía el articulado derogado). El Esquema de Temas Importantes, donde en teoría se publicaría una primera propuesta de caudales, lleva ya 6 meses de retraso. Y luego viene todo el proceso de negociaciones y concertación de caudales. Sería un milagro que tuviéramos un resultado en firme antes del 1 de enero de 2022 -muy lejos en el tiempo del actual proceso de ajustes para el Mar Menor-.
De lo que sabemos de los planes hidrológicos anteriores podemos deducir que, incluso aunque jamás se aprobaron unos caudales ecológicos propiamente dichos (se hicieron cálculos y propuestas, pero no se aprobaron), la cifra a esperar rondará los 10,5 m³/s de media en Aranjuez (frente a los 6 m³/s actuales). Esto supone un máximo de 142 hm³ más al año de desembalse hacia el Tajo, comiéndose las dos terceras partes de los trasvases para regadío que se venían realizando. Además por imperativo de la Directiva Marco del Agua europea -no un caprichito político cualquiera-. Súmesele el efecto del cambio climático.
¿Conclusión? Paciencia a los defensores del Tajo -quedan al menos dos años para ver algo de color-, y para los habitantes del Segura un serio toque de atención: o espabilamos construyendo nuestra independencia hidráulica, o vamos derechitos a un tortazo de los que hacen historia. El desastre del Campo de Cartagena –con su actual desbandada de empresas– nos enseña claramente lo que puede suceder. Y además para 2027 habrá que poner fin a la sobreexplotación de acuíferos -también por mandato europeo-.
¿Nos ponemos las pilas de una vez con la “transición hídrica”, o seguimos aplazando las decisiones importantes como si no hubiera mañana? ¡Avisados estamos!
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BONUS TRACK:
Artículo del Secretario de Estado para Medio Ambiente, Hugo Morán, en el diario La Verdad. Nótese que no menciona claramente las limitaciones de la Ley 52/1980 ni las existencias de agua del Tajo en el Segura, de forma que sigue fomentando la incomprensión por parte de los lectores “levantinos”.
Como detalle relevante, señala que un estudio hidrogeológico encargado a TRAGSA está a punto de ser concluido, lo que en apariencia le daría los argumentos definitivos para limitar (o no) los cultivos en la zona regable del Trasvase Tajo-Segura.
Plataforma en Defensa de las Fuentes 
[…] Lamentablemente el acuerdo PSOE-Podemos, mientras pierde el tiempo en obviedades e inconsistencias, no nos habla demasiado de las líneas maestras ni de su política de aguas en general ni específicamente de cómo pretende abordar la prohibición de las compraventa de derechos y la reforma del régimen concesional. Se ha perdido una magnífica oportunidad para dar visibilidad y encauzar los trabajos realizados entorno al Libro Verde de la Gobernanza del Agua, donde se abordan estas y otras cuestiones. Y se ha vuelto a dar alas al PP Región de Murcia para divulgar su particular teoría conspirativa de “ataque al Trasvase Tajo-Segura”, por falta de explicación adecuada. Igualito que con el “trasvase cero a regadío” de diciembre. […]
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[…] de una batalla competencial y de financiación), la situación ya estalló definitivamente cuando el pasado mes de diciembre el MITECO suprimió el trasvase para regadío alegando el estado para el …. Máxime al plantearse una exclusión del Campo de Cartagena para el mes de enero, con amenaza de […]
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[…] de abierta confrontación, donde la gestión del agua (no prolongación del decreto de sequía, trasvase “cero” para agricultura…) y la situación crítica del Mar Menor (y la ejecución del Plan de Vertido Cero) sirven como […]
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