¿Campos de golf antes que redotar regadíos deficitarios? El MITECO cambia las prioridades de la Ley de Aguas por decreto

En nombre de la llamada “transición justa”, se dará preferencia a la concesión local de los caudales que queden libres tras desmantelar centrales de carbón y nucleares

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Las aguas usadas por antiguas centrales térmicas podrían destinarse a usos menos prioritarios, como el golf. Foto: Truefit Golf Center

Quien este fin de semana haya estado atento a las redes sociales, seguramente ya lo habrá leído por uno u otro lado: el viernes se aprobaba en Consejo de Ministros, y el sábado se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, un Real Decreto-Ley por el que se garantiza hasta 2031 una retribución a las energías renovables suficiente para otorgar a sus inversores una “rentabilidad razonable” del 7,09%.

Desde sectores conservadores rápidamente se orquestó una campaña de desinformación, bajo la etiqueta #DecretazoSubidaLuz, dando a entender que se iba a producir una subida del precio final de la electricidad del 7,4% -cifra que surge de la rentabilidad que se pretende garantizar a las instalaciones anteriores a 2013 que renuncien a mantener litigios contra el Estado, por el recorte sufrido en sus primas durante la crisis, y que nada tiene que ver con el precio de la luz-.

Hasta aquí la artificial y teledirigida polémica eléctrica. Ahora volvamos a lo que nos interesa: la gestión del agua.

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Una reforma de la Ley de Aguas escondida en una disposición final

La sorpresa, y decisión de gran calado, que se encuentra escondida tras el barullo montado, ha trascendido hoy gracias a la denuncia de la asociación AEMS-Ríos con vida: en la Disposición Final Primera se incluía una modificación de la Ley de Aguas para cambiar la prioridad de uso en el caso de desmantelamiento de una central térmica de carbón o nuclear.

En vez de seguir el orden habitual (1º Abastecimiento urbano, 2º Agricultura, 3º Generación de electricidad, 4º Otros usos industriales, 5º Acuicultura, 6º Usos recreativos, 7º Navegación y transporte), y con la finalidad de minimizar el impacto socioeconómico de esos cierres en determinadas comarcas, se pasaría a dar prioridad a la comarca afectada independientemente del destino que se le vaya a dar a las aguas.

BOE-ReformaLeyAguas

La asociación AEMS ha criticado duramente esta modificación, hecha con nocturnidad y por la puerta de atrás, pues entienden que compromete la reversión de las presas (y azudes de captación) en beneficio del Estado, y su posible demolición -dentro del espíritu del movimiento “Liberando ríos”-.

Pero las implicaciones pueden ir muchísimo más allá. Aunque seguramente se pesara en esta disposición para instalaciones solares termoeléctricas o de biomasa (necesitadas también de refrigeración), o incluso plantas de producción de hidrógeno por electrolisis, lo cierto es que -con la actual redacción- se podría acabar destinando el caudal a cualquier cosa -un campo de golf, por ejemplo-. Algo especialmente arriesgado si se tiene en cuenta que el término usado (“área geográfica”) no es que sea muy conciso, precisamente.

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Necesaria ratificación por el Parlamento

Como sucede con todos los Reales Decretos-Ley, el Gobierno únicamente puede aprobarlos de forma provisional dada una situación de “extraordinaria y urgente necesidad”. Algo que parece plenamente justificado para la parte relativa a la retribución de las instalaciones renovables -pues un Gobierno en funciones no puede presentar Proyectos de Ley-, pero que es del todo punto inadecuado para la referida disposición final que modifica la Ley de Aguas.

40 ANIVERSARIO DE LAS ELECCIONES DE 1977

En todo caso, y para evitar abusos por parte del Poder Ejecutivo, es preciso que en un plazo máximo de 30 días el Real Decreto-Ley sea ratificado -o rechazado- por el Parlamento. Y aunque la mera ratificación no permite un verdadero debate parlamentario, las Cortes sí podrían optar por tramitarlo como Proyecto de Ley (por el procedimiento de urgencia) y eventualmente introducir los cambios que se estimen oportunos. Algo que permitiría una redacción más sosegada y equilibrada de la dichosa Disposición Final que modifica la Ley de Aguas.

¿Llegaremos a ver al Congreso de los Diputados con altura de miras suficiente como para no quedarse en la mera ratificación o rechazo? Veremos. Sin duda las organizaciones conservacionistas pondremos nuestro granito de arena para que así sea.

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