Las nuevas 1.100 hectáreas regables de la SAT Derramadero-Campillo (Elche de la Sierra), a debate en la Feria de Ecología de Albacete

La noticia de la perforación de un tercer pozo ha causado cierta controversia, al interpretarse que se aumentaba la concesión

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Perímetro regable de la SAT Derramadero-Campillo, según Resolución ambiental

La cuestión de los llamados “regadíos sociales” en la cuenca del Segura -la más sobreexplotada de la Península Ibérica- es una fuente inagotable de discusión y conflictos. Tanto en la ya clásica confrontación ecologistas-regantes, como entre las propias comunidades de regantes o sociedades agrarias de transformación (SATs) -algo que evidencia claramente la “guerra” abierta por la concesión a Cancarix en perjuicio de La Horca, Minateda y Agramón (todas ellas pedanías del término de Hellín; la decisión fue luego anulada)-.

Este grave conflicto nace de la primera “Ley de Punto y Final” (Real Decreto-Ley 3/1986), que prohibía -con escasas excepciones- la creación de cualquier nuevo regadío debido a la fuerte sobreexplotación que sufría la cuenca del Segura, creando un sombrío panorama con ganadores y perdedores. De grandes ‘aguatenientes’ ya consolidados, de quienes aspiraban a serlo mediante triquiñuelas legales, y de una pléyade de pequeños agricultores que llegaron tarde al reparto del pastel.

Esta Ley resultó ser un auténtico coladero –desde 1986 la superficie regada se ha incrementado en al menos 70.000 hectáreas-, pero con una enorme arbitrariedad en su aplicación que ha beneficiado principalmente a los poderosos. Por ello, la presión para su ‘flexibilización’ ha ido en aumento -incluso aunque la disponibilidad de agua haya empeorado-, como se refleja en el hecho de que ya en el Plan Hidrológico de 1998 se contemplara la posibilidad de ampliar regadíos en “las cabeceras” (aguas arriba del Talave y Cenajo) y “zonas desfavorecidas”.

En posteriores planes esto se concretaría en la reserva específica de 10 hm³ para su uso aguas arriba de la confluencia entre Mundo y Segura (provincias de Albacete y Jaén), condicionados a la ausencia de sobreexplotación en los acuíferos o a la posibilidad de captar directamente del río. Dicho de otra manera: se inicia una competición por los “regadíos sociales” entre la Sierra de Segura y el entorno de las vegas del Mundo en Hellín (excluyéndose claramente casos como el de Montealegre del Castillo, o las delirantes pretensiones de ampliar riegos en Tobarra).

El caso de la SAT Derramadero-Campillo (Elche de la Sierra), sin embargo, puede contemplarse como el primero de estos proyectos de “regadío social”.
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Polémica y aclaraciones sobre el tercer pozo

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Cartel de la V Feria de Ecología de Albacete, organizada por Ecologistas en Acción.

Con motivo de la participación de la Plataforma en Defensa de las Fuentes en la V Feria de Ecología de Albacete, en el turno de ruegos y preguntas, se suscitó cierta polémica -siempre en tono amistoso- a raíz de una noticia publicada recientemente en La Tribuna de Albacete en la que se informaba de la apertura de un tercer pozo para la SAT Derramadero-Campillo dado que los dos actuales “no alcanzan a cubrir la demanda de sus superficies de regadío”.

Esta noticia fue interpretada como un incremento de la concesión actual -de 0,999999 hm³/año para 1.100 ha. de superficie regable bruta-, señalando que el regadío del almendro admite fácilmente riegos de hasta 5.000 m³/ha. Podría tratarse, por tanto, de un ejemplo de fraccionamiento de proyectos para evitar la evaluación ambiental -cuyo límite se establece en sondeos de 1 hm³ anual-, al realizarse en dos tandas.

Sin embargo, consultando la documentación expuesta a información pública, puede comprobarse fácilmente que el tercer pozo surge a consecuencia del fallo de uno de los dos pozos que ya había previstos -que aporta apenas una quinta parte del caudal esperado-. La noticia se refiere, por tanto, al intento de completar el caudal faltante hasta los 0,999999 hm³/año de la concesión original, no incrementándose ni la superficie ni la dotación por hectárea.

La polémica sin embargo sirve para abrir el melón del debate entorno a los llamados “regadíos sociales”, pues más allá del recurso retórico que se hace desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para reclamar más agua hay realidades concretas cuya utilidad social e impacto ambiental deben ser estrechamente vigilados.
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Impacto ambiental

En el caso de la SAT Derramadero-Campillo, esta toma sus aguas del acuífero Mingogil-Villarones. El balance hídrico del mismo, según el Plan Hidrológico en vigor, nos ofrece un recurso total de 9,35 hm³ anuales y una demanda ambiental de 4,82 hm³. De los 4,53 hm³ disponibles, actualmente ya se bombean 1,75 hm³ para usos ordinarios. Sumándole el hm³ de la SAT, vemos que el acuífero podría mantener sus demandas ambientales sin problemas -incluso ante escenarios moderados de cambio climático, que sin embargo pondrían al acuífero al límite de sus posibilidades-.

El gran problema es que las cifras arriba mencionadas excluyen los fuertes bombeos de los pozos de sequía, siendo por tanto un impacto sinérgico que deja el acuífero exhausto. Pero en este aspecto lo tenemos clarísimo: los pozos a clausurar son los de sequía (de la CHS y SCRATS), por encima de todo.

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Ubicación de los pozos de sequía de Hellín, sobre el acuífero Mingogil-Villarones. Los pozos de la SAT Derramadero-Campillo se ubican en el extremo oriental (izquierda de la imagen).

También cabe señalar que toda el agua que se bombee del acuífero Mingogil-Villarones dejará de bajar por el río Mundo. Actualmente, el Mundo no suele presentar problemas de caudal -al contrario, suele haber exceso de caudal por el Trasvase-. Sin embargo, podrían producirse problemas aguas abajo (especialmente en la Vega Baja) si no se reducen las extracciones de agua en un volumen análogo en Ojós. Un mensaje clave sobre el que hay que insistir mucho: para abrir nuevos “regadíos sociales” en una cuenca sobreexplotada, es preciso recortar una superficie equivalente (u obtener el mismo caudal de agua desalada) en otra parte. Por eso, más que hablar de “promover nuevos regadíos sociales”, debería reclamarse la “redistribución de los derechos de riego” -en línea con el principio de contracción y convergencia-.

La puesta en riego no parece que, de momento, vaya a suponer una transformación sustancial del paisaje, del tipo de cultivos o de una mayor utilización de pesticidas -debiendo vigilarse no obstante la posible contaminación por nitratos-. En este aspecto puede respirarse con cierta tranquilidad, pero sin perder la atención sobre la evolución de los usos -en Yecla, por ejemplo, los leñosos han dado paso a hortícolas intensivos-.
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Regadíos “sociales” vs. agricultura de montaña

En relación a la utilidad social de la SAT Derramadero-Campillo, surgieron algunas dudas más. Principalmente por la elevada proporción de almendro entre los cultivos que serán puestos en riego: un tipo de cultivo altamente mecanizado, en el que la intervención de mano de obra es mínima y muy concentrada en la época de poda(algo que ya de por sí se produce dejando los árboles en secano, y que en todo caso da pie a la irrupción de temporeros itinerantes -en condiciones de gran precariedad laboral-). El posterior procesado será en todo caso escaso, limitando el impacto industrial.

Las parcelas puestas en riego son generalmente pequeñas -lo que favorece el deseable reparto de la riqueza-, aunque en un puñado de casos superan las 20 hectáreas (cifra nada desdeñable en regadío) y la resolución ambiental tampoco ofrece demasiadas pistas acerca de la estructura de la propiedad (posibilidad de varias parcelas grandes pertenecientes a una misma familia). Mucho menos se sabe de la residencia o no en el municipio de los propietarios -pues los beneficios obtenidos podrían acabar en manos elcheños emigrados, que conservan sus tierras y podrían gastar la renta agraria en la ciudad-.

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Regadíos históricos abandonados en la Cañada Morote (Molinicos)

Pero el aspecto que quizá suscite más controversia es la concentración territorial de nada menos que 1.100 hectáreas en la cabecera de comarca -Elche de la Sierra-, municipio que ya de por sí recibe cuantiosas inversiones y da servicios al resto de pueblos. Dado que el resto de “regadíos sociales” se está desarrollando actualmente en Hellín -municipio relativamente ‘rico’ y que ya cuenta con una importante superficie de regadío-, parece que el reparto de los 10 hm³ comprometidos en el Plan Hidrológico no llegará a los municipios más necesitados de la Sierra -con orografía, clima e infraestructuras menos favorables-. Campo abonado para conflicto entre municipios.

Al mismo tiempo se está produciendo una pérdida de los regadíos históricos de pequeñas huertas, típicos de zonas de montaña, por falta de una apuesta clara por ellos desde las instituciones: la Confederación Hidrográfica pone importantes trabas burocráticas para su legalización, la Ley de Aguas dificulta su organización en comunidades de regantes viables (cada toma ha de ser una comunidad diferenciada), los ayuntamientos -con excepciones- muestran escaso interés, faltan ayudas específicas y estrategias para la profesionalización, etc.

La pregunta que surge es obvia ¿hasta qué punto debe lucharse por obtener nuevas concesiones de agua para regadíos intensivos más o menos “sociales”, si al mismo tiempo se pierden las aguas históricas, la tradición hortelana y el paisaje cultural? Aunque las luchas a priori no parezcan excluyentes entre sí, los recursos económicos y sobre todo humanos en nuestros pueblos son extremadamente escasos y deben priorizarse.
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La Sentencia del Supremo sobre pozos de hasta 7.000 m³

Para cerrar las reflexiones sobre las amenazas y oportunidades en materia hidrológica que se ciernen sobre la Sierra, se ha comentado la reciente sentencia del Tribunal Supremo anulando el artículo del Plan Hidrológico del Segura relativa a los pozos de menos de 7.000 m³ anuales.

Según la Ley de Aguas, estos pozos generalmente no necesitan autorización de la Confederación siempre y cuando el caudal se utilice dentro de la misma parcela. A condición de que los acuíferos de los que se capta no estén sobreexplotados, claro. Sin embargo, desde el Real Decreto-Ley 3/1986 -y sucesivamente en los Planes Hidrológicos de 1998, 2009-2015  y 2015-2021- se excluía expresamente esta posibilidad en el Segura, debido a la crítica situación de toda la cuenca.  Pero ahora el Supremo (tras el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) ha entendido que esta prohibición resulta ilegal.

Aunque el volumen de estos pozos sea muy escaso, en ocasiones la proliferación de muchos pozos pequeños ha conducido a un impacto acumulado muy grande. Surge por tanto la pregunta ¿cuántos de estos pozos veremos en la Sierra? ¿Llevarán a la sobreexplotación de nuestros acuíferos? ¿Afectarán a nuestras fuentes? ¿Y en Orihuela?

Con las modernas técnicas de riego y su uso en leñosos estos 7.000 m³ dan para regar tranquilamente una decena de hectáreas, obteniendo importantes beneficios. El riesgo de proliferación es evidente. Sin embargo, la geología en este caso no invita demasiado a las aventuras: el agua se encuentra generalmente a gran profundidad -los pozos de la SAT Derramadero-Campillo tienen 250 metros-, y las posibilidades de fallar en el “pinchazo” son muy grandes -no estamos ante grandes acuíferos detríticos, relativamente homogéneos y con alta permeabilidad… sino que domina el karst, la roca fisurada, y un sinnúmero de accidentes geológicos poco estudiados-.

Aquí también, sin embargo, debemos permanecer alerta. La realidad bien podría contradecir en muy poco tiempo estas percepciones de carácter generalista. Y el enemigo no siempre está fuera: existe un riesgo cierto de cometer abusos en casa, y en este caso las discusiones pueden ser mucho más agrias.
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Indudablemente el debate suscitado en la Feria de Ecología ha permitido reflexionar sobre los necesarios cambios en la gestión del agua en la cuenca del Segura. No sólo en términos de reducción de la excesiva superficie regada en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, sino también sobre la política a seguir en cuando al necesario equilibrio social y territorial en las zonas de cabecera -que no debería basarse solamente en reclamar “más agua”-.

Algunas de estas reflexiones ya las trasladamos como alegaciones al borrador del Pacto Regional del Agua. Ahora habrá que exponer la cuestión en el nuevo Plan Hidrológico, y suscitar un debate abierto y sin prejuicios apriorísticos a nivel comarca. ¿Quién se apunta?

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